Caso Loan: prisión preventiva para los 10 “asesores” de la Fundación Lucio Dupuy acusados de entorpecer la investigación

 En un fallo de más de 550 páginas, la jueza federal de la ciudad de Goya, Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a los 10 supuestos “asesores” que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy, acusados, entre varios delitos, de entorpecer la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), visto por última vez en el paraje El Algarrobal de Corrientes el 13 de junio pasado.

Según la resolución de la jueza, a la que accedió Infobae, se trata del psicólogo Federico Colombo, apresado en Tucumán; Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda; Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.

De acuerdo con el texto de la jueza, todos fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. Además, a Soria se le endilga los delitos de atentado a la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. En tanto, a Cañete, Núñez, López, Machuca Juni se los imputó por usurpación de título.

De acuerdo con el fallo de la jueza, todos fueron imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. Además, a Soria se le atribuyen los delitos de atentado contra la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. Este último delito también se les endilgó a Cañete, Núñez, López y Machuca Juni.

La Justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad de 9 de Julio, “entrenaban” a, al menos, tres de los niños que estuvieron en el naranjal aquel 13 de junio pasado. También a Camila Núñez, testigo clave en la causa, y a la hija de Laudelina Peña, Macarena.

La sospecha se inició, de acuerdo con la investigación, cuando al parecer Soria trató de impedir que Prefectura entrara al hotel donde se alojaban. La fuerza de seguridad la orden de trasladar a Macarena y Camila junto a los menores a sus domicilios particulares.

“El caso concreto y visible de la obstaculización de este grupo emerge del día en que Prefectura pretendió realizar un acto habitual como es el reconocimiento de quienes estaban en el interior del denominado ‘hotel’, aunado a que contaban con una orden judicial al estar menores adentro”, dice el texto firmado por la magistrada.

En ese sentido, la magistrada añadió que no fue posible realizar el procedimiento “por las acciones que ellos habrían desplegado para evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching) resulta una faena dificultosa para las autoridades predispuestas por la casi inmediata intervención que tuvieron desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado.

Por eso, dice Pozzer Penzo, “el impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”.

“La amplitud probatoria evidenciada respecto de todas las partes del proceso en el transcurso de las investigaciones desde el comienzo en instancia federal, las diversas oportunidades de efectuar los respectivos descargos garantizando plenamente los derechos de cada una de ellas, son fundamento de solidez de las constancias de la instrucción que permiten fundar el auto de procesamiento hacia los diez detenidos en las causas acumuladas”, indica el documento judicial.

Y continúa: “Así, todos los hechos que aquí se juzgan fueron cometidos en el transcurso y en el marco de la investigación de la desaparición del menor Loan Danilo Peña con la pretensa finalidad de suplir aquello que los órganos predispuestos, entre ellos, del Poder judicial omitieran hacer, cayendo en situaciones que amén de estar fuera de la esfera de competencia, atribuciones de particulares por parte del Estado, constituyeron graves intromisiones dentro de un proceso en curso, en instancia de investigación preliminar donde por la especial naturaleza del objeto procesal reviste desde el comienzo particular sensibilidad social, humanitaria como enfatizara en varias oportunidades en el caso y la Cámara de Casación Penal al resolver la Acción de Habeas Corpus de Maciel”.

Ante la complejidad de la investigación, la jueza también le pidió a la Cámara Federal que le dé más tiempo para resolver la situación de los primeros detenidos: Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, Carlos Pérez, Victoria Caillava ,el jefe de la comisaría local, Walter Maciel y Laudelina Peña. La magistrada tenía cuatro meses para decidir sobre ellos, pero el tiempo se agotó.

Todos están acusados de la “sustracción” del menor. En un breve diálogo con este medio, Juan Pablo Gallego, el abogado de los padres del chico -José Peña y María Noguera- “es el último tramo para definir la responsabilidad exacta de cada uno” y que “la de estos diez quedó perfectamente esclarecida”.

Además aseguró que el pedido de la jueza a la Cámara Federal “es una facultad propia del ordenamiento procesal” y “que se compadece con el fulminante avance de la investigación”. Si bien se trata de un expediente paralelo a la desaparición del chico, el letrado resaltó que los 10 “asesores” presos no son meros actores secundarios, sino que son parte central en lo ocurrido. “Nos acercamos a la verdad”, dijo Gallego a Infobae.